Desde que llegó Chávez al poder, Venezuela no ha gozado de un respiro. Bueno sí, unos meses, hasta que se dieron cuenta de que el nuevo Gobierno iba a trastocar los negocios de algunos, desde el momento en que comprobaron que ese gobernante desconocido para el mundo estaba dispuesto a hacer cambios de calado geopolítico. Es a partir de cruzar la línea roja de tocar los negocios de los que mandan en esos patios traseros cuando surgen los problemas, y es ahí cuando surgen los supuestos defensores de los derechos humanos y se oyen al unísono las voces de los grandes medios mundiales o de los pensadores y políticos que tienen hueco en las grandes plataformas mediáticas.

Es curioso que antes no les importase que el 80% de la población venezolana viviese en la pobreza, algunos en pobreza extrema o que esos mismos indignados no alzaran su voz vocinglera cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, miembro de la Internacional Socialista como el expresidente español Felipe González, provocara la muerte de más de 3.000 personas en el llamado Caracazo, tras lanzar al Ejército contra la población que se moría de hambre a causa de la implementación de brutales medidas promovidas por el Fondo Monetario Internacional, sí el mismo que las impone hoy en Grecia.

Da vergüenza el uso interesado de los derechos humanos para la agenda que busca derrocar a un gobierno. Y es algo absolutamente irresponsible porque banaliza y hace discrecional algo universal y que debe ser aplicado con idéntica vara de medir. No en base a los intereses políticos que buscan injerir y torcer la voluntad popular de gobiernos salidos de las urnas. Es, en fin, la ganzúa con la cual se pretende violentar el sagrado derecho consagrado en la Carta de Naciones Unidas del respeto a la Soberanía de las naciones.

No resiste un análisis comparativo la mirada interesada que esos defensores de la libertad y de los derechos humanos ponen en algunos países, siempre en conflicto con Washington, y que desvían con otros que, curiosamente, siempre marchan en consonancia con la agenda política de Estados Unidos.

Por poner un sólo ejemplo que incluya a Venezuela, vamos a ver los datos de periodistas asesinados en los últimos años según Reporteros Sin Fronteras: México, 84; Colombia, 56; Honduras después del Golpe, 27; Venezuela, 0. Busquen a los que llenan las tertulias, los estudios o las plateas. Busquen a quienes desde portadas o titulares se lanzan a demonizar, a desestabilizar, a lanzar un único discurso maniqueo sobre Venezuela y encuéntrenlos hablando con el mismo tono, la misma intensidad y con la misma repercusión de estos periodistas. O acerca de los 26.000 desaparecidos en México desde 2006. O sobre los 100 sindicalistas y defensores de los derechos humanos asesinados el año pasado en Colombia. O de los bombardeos sobre población civil de Arabia Saudí en Yemen. No los encontrarán. A esos países se le aplican los derechos humanos de excepción, la excepción con propiedades de invisibilidad que da el ser socio estratégico de EEUU.

En el caso de Leopoldo López se nos hurtan informaciones necesarias para comprender qué ha pasado y cuáles son los hechos que han motivado su condena. Los antecedentes ya dicen mucho de la persona en cuestión: el señor López, alcalde de Chacao hasta 2008, participó de manera activa en el golpe de Estado de 2002 contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, siendo uno de los firmantes del Decreto Carmona, que pretendía dar legitimidad a la asonada. Además, estuvo involucrado en el arresto ilegal y violento del entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, así como en el intento de asalto a la Embajada de Cuba en Caracas. Y si siguió en libertad, fue por la amnistía que promulgó en 2007 el propio presidente Chávez.

Sólo doce años después, tenemos al mismo personaje golpista desconociendo los resultados de las elecciones democráticas y llamando a la algarada callejera hasta tumbar a un Gobierno salido de las urnas. En muchas de sus declaraciones llega incluso a pedir que se utilicen métodos “no pacíficos”.

Todo esto es parte de una estrategia llamada

La Salida, que consistía en alentar las manifestaciones callejeras, las ocupaciones de plazas y calles y el uso de violencia generalizada, para provocar una situación insostenible que acabara con la caída del Gobierno. Los resultados de esta campaña de acoso a un Gobierno legitimado democráticamente, y que no serían toleradas en ningún país europeo, son elocuentes. 43 personas asesinadas y 878 heridos. De estos asesinados, nueve eran funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ocho murieron por acciones de agentes estatales del orden público. Estas cifras nos dan la dimensión de la violencia generada. Y las imágenes presentadas ante los tribunales o en los medios sociales lo evidencian: manifestantes con fusiles de asalto, disparando armas de guerra, utilizando morteros caseros o colocando hilos en las calles para degollar policías motorizados. No dejan lugar a dudas.

Frente a la mentira de que todos los muertos fueron producto de la violencia desatada por el Gobierno, y que este practica la impunidad generalizada, las cifras vuelven a hablar. Hasta el 31 de enero de 2015, el Ministerio Fiscal presentó 2.844 investigaciones, de las cuales 1.402 fueron acusaciones, seis acabaron en archivo fiscal y hubo 1.436 sobreseimientos.

En cuanto a lo que afecta a los excesos y delitos cometidos por miembros de los cuerpos policiales, en la misma fecha, se presentaron 215 investigaciones, de las cuales 13 fueron acusaciones, 184 sobreseimientos y 19 archivo fiscal.

Hoy continúan abiertas 22 investigaciones. Además, fueron acusados por homicidio calificado dos funcionarios; por trato cruel, 21; y por homicidio, siete. Los datos, cuando salen a la luz, nos dejan una visión completamente diferente de la que nos están relatando tanto los grandes medios de comunicación, como muchos actores políticos. Leopoldo López es un golpista amnistiado en 2007 que en 2014 reiteró su intento de impulsar un desplazamiento ilegal del poder constituido por medio del enfrentamiento civil violento y que, en medio de la crisis, en vez de participar en el apaciguamiento social, como sí hicieron otros líderes de la oposición o instancias internacionales como la UNASUR, se dedicó a avivar una hoguera que le costó la vida a 43 venezolanos.

En cualquier democracia del mundo estaría bajo juicio, y él mismo, en Venezuela, tiene la posibilidad de recurrir su sentencia.

Ni pacífico, ni democrático, ni un angelito.//